Norma G. Escamilla Barrientos
A propósito del 30 de abril mes en que se conmemora el “Día del Niño y la Niña” en México, es urgente reflexionar en torno al contexto actual en el que viven las niñas, niños y personas jóvenes de nuestro país, visualizando los avances, retrocesos y pendientes en torno al ejercicio de sus derechos.
En tal sentido, la UNICEF a propuesto seis “acciones integrales y complementarias para mejorar la vida, desarrollo y oportunidades de la infancia y adolescencia en México a través de la mejora de políticas y programas de bienestar, la reducción de la pobreza infantil y adolescente, y la atención a grupos vulnerables como la primera infancia, la niñez y adolescencia indígena, en el marco del Programa de País 2026-2031, propuesto por el PNUD y el Estado mexicano”.
Por lo tanto, es necesario visibilizar los rezagos que viven actualmente las infancias, comenzando con el impacto de la pobreza para los sectores más desfavorecidos socialmente, lo cual no garantiza su acceso a la salud, la educación y, a una vida libre de violencia en diversos ámbitos de su vida, ya que siguen habiendo uniones infantiles forzadas, embarazo adolescente, fecundidad forzada, trabajo infantil, tráfico de órganos, explotación sexual, tráfico de niñas y niños, migración temprana, refugiados, niñez huérfana por causa de feminicidio, abandono, violencia sexual, y bullying escolar, entre otros.
Todo esto, se encrudece más cuando hablamos de las infancias jornaleras, quienes son invisibles entre los invisibles, ya que en algunos casos no cuentan si quiera con un acta de nacimiento debido a su movilidad constante, lo cual le excluye de los programas sociales, de una identidad, de ser objeto de robo a menores, de no poder ingresar al sistema escolar, y ya no se diga, de poder recibir los servicios de salud, y/o alguna beca de apoyo por no tener un documento que respalde su existencia.
Las infancias jornaleras
Según el CONEVAL en su Estudio sobre la población jornalera agrícola en México (2025), plantea que “la población jornalera agrícola incluye a niños y adolescentes”. Registrando así a 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años realizando trabajo infantil dato de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (2022).
La población migrante jornalera se enfrenta a una serie de condiciones que impacta de entrada en su arraigo e identidad, lo cual les lleva a vivir en una constante pérdida. El alejarse de su comunidad y alimentación de origen, de su vivienda física, su familia, y su red de apoyo, entre otras afecciones.
Viven en una constante movilidad entre los campos agrícolas según la temporalidad de su contratación y del cultivo. Al respecto Angélica, locutora de la Radio de Huayacocotla nos comenta que los pueblos campesinos e indígenas son vulnerados en sus derechos “dicen que como son indígenas, no se cansan y están acostumbrados a trabajar todo el día y sin comer”, “así que tenemos una deuda con la población jornalera, porque tienen que salir de sus casas, de su hogar, para irse a trabajar, lo cual también tiene una ruptura de su cultura”.
Sumado a todo esto, las condiciones laborales de esta población conllevan múltiples violaciones como jornadas extensas, pagos irregulares, falta de contratos y, ausencia de traductores. Viven en condiciones insalubres y sin privacidad la mayoría de las veces, siendo alojados en galerones sin los servicios básicos. A lo cual, Margarita jornalera del estado de Guerrero, comenta a Voces en Conexión “son jornadas muy largas y nos dan 15 minutos para comer, nos dan un día de descanso, y las condiciones en que vivimos no son buenas, nos dan una lona para dormir, y compartimos el espacio con 120 personas, duermes tres o cuatro horas y, a seguirle trabajando”, “a veces nos engañan, y nos dicen que hay cuarto, guardería, despensa y llegamos al lugar y nada, no hay nada”.
Las infancias en este sentido se integran al trabajo, sin pagarles, o bien, se quedan en los galerones ya que no pueden asistir a la escuela, quedando rezagados del sistema educativo. Al respecto, Felipe migrante de Oaxaca nos comenta: “la escuela migrante era diferentes a la escuela convencional, tenía dos periodos que se ajustaban a la población jornalera, pero desapareció el programa en 2019, la quitaron y ahora pues ya no estudian los niños”. Al respecto, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, estima que “sólo entre 14 y 17% de NNA de familias de jornaleros agrícolas migrantes asisten a la escuela, lo cual es una clara violación al derecho a la educación de este sector de niñas y niños”.
En este contexto las infancias jornaleras no tienen una infancia como tal, pasan de ser niñas o niños, a ser adultas con responsabilidades laborales de manera ilegal y de los cuidados en la familia. En el caso de las niñas se convierten en madres a muy temprana edad, o bien, asumen el rol mientras sus madres se van al campo a trabajar como es el caso de Margarita: “la última vez que mi mamá migró, yo me quedé con mis hermanitos para que estudiarán, porque como cerraron la escuela migrante, pues se acabó el programa de apoyo […], y entonces yo me quedé con esa responsabilidad muy grande ¡la verdad!, de cuidar a unos niños, sin yo ser madre aún”.
Finalmente, las niñas, niños y personas jóvenes son vulnerables entre los vulnerables, por su invisibilidad legal en algunos casos, por no garantizarles el ejercicio de sus derechos básico, por tener que asumir roles de maternaje y cuidados ante la ausencia de las y los padres que tienen la necesidad de migrar para trabajar, lo cual va marcando su rezago y su desventaja histórica.
Norma G. Escamilla Barrientos.
Licenciada en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleia, A.C., con Diplomados en Salud Mental en Situaciones de Violencia Política y Catástrofes, por la Universidad Complutense de Madrid-España y GAC; Enfermedades Depresivas en el Centro Eleia, A.C., Curso Superior «Prácticas psicoanalíticas en devenir», en la Escuela Libre de Psicoanálisis de Argentina, entre otros. Titular de Voces en Conexión.
